En el marco del Caso Jaque, una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) facilitaba trámites irregulares, incluyendo la legalización de licencias de conducir extranjeras. Diez personas, entre funcionarios y comerciantes, fueron detenidas el 30 de enero de 2026 tras 23 allanamientos. La operación, liderada por la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló cobros entre 20 y 250 dólares por procedimiento.
Nueve de los implicados apelaron la prisión preventiva, con audiencia programada para el 12 de marzo. El expediente judicial expone evidencias como conversaciones interceptadas y documentos decomisados, destacando irregularidades en agencias de Pichincha y otras provincias. La investigación, que abarcó desde enero de 2025 hasta enero de 2026, identificó dos grupos operativos: uno liderado por alias «el Rey» y otro por «Miguelito», compuesto por intermediarios.
Claras muestras de corrupción en la ANT
Estos facilitaban matrículas vehiculares, revisiones técnicas, permisos para escuelas de conducción y cooperativas de transporte público. Según transcripciones de llamadas autorizadas por una jueza anticorrupción, los implicados coordinaban pagos y transferencias bancarias. En una conversación, se mencionó que de 3 mil semanales exigidos, 2.200 iban al jefe, dejando el resto para los tramitadores.
Entre las evidencias clave, la Policía decomisó licencias extranjeras: al menos diez de Venezuela, 24 de Colombia (expedidas por el Ministerio de Transporte de ese país), dos de Cuba y una de España. También se halló un formulario para canje de licencias extranjeras por ecuatorianas, un sobre con diez hojas impresas con logotipos colombianos y un documento de un banco estadounidense.