El juez Jairo Alejandro García ordenó dejar sin efecto el congelamiento de las cuentas bancarias de 16 organizaciones sociales y dirigentes de la provincia del Azuay, que permanecían inmovilizadas desde septiembre. Esta decisión impacta directamente a colectivos que habían sufrido esta medida desde el 16 de septiembre de 2025. El proceso se revisó mediante una audiencia virtual el jueves 6 de noviembre. En esta audiencia se expusieron manifestaciones a favor y en contra.
Los abogados de las organizaciones sociales, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Fundación Pueblo Indio y la Fundación Pachamama, solicitaron la derogación de la medida. Por su parte, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) defendieron el congelamiento de esos fondos. Utilizaron argumentos basados en informes reservados e información clasificada.