El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, rindió su versión este miércoles 14 de enero en la Fiscalía General del Estado por un caso de presunto lavado de activos. Esto es derivado de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII). La diligencia se llevó a cabo en el edificio matriz de la Fiscalía y es parte de una investigación iniciada el 8 de octubre de 2025 tras allanamientos a residencias familiares en Guayaquil y Samborondón.
De acuerdo con diario El Universo, Aquiles Alvarez defendió la licitud de sus negocios y los de su familia. El alcalde afirmó que han facturado de manera legítima y operado con autorizaciones de la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH) y Petrocomercial. Solicitó el Registro de Operaciones Inusuales (ROI) para ampliar su versión en futuras diligencias. Además, cuestionó que la fiscal no proporcionara detalles claros sobre el inicio del proceso.
Detalles de la declaración y críticas
«Para la Fiscalía soy un ‘gran lavador de activos’. La fiscal ni sabe por qué se inicia el proceso, se lo pedí, se lo pregunté y dejé claro en mi versión que quería el ROI. Allí es donde supuestamente mis empresas y yo tenemos operaciones inusuales. No me lo quiso entregar», comentó Aquiles Alvarez tras la diligencia. Insistió en que el documento es esencial por su carácter técnico y que persistirá en su solicitud para entender las acusaciones, ya que, según él, ni las autoridades lo tienen claro.
El alcalde anunció su regreso inmediato a Guayaquil para continuar con su agenda municipal, calificando el proceso como una persecución persistente. «Hemos cumplido una vez más con toda esta persecución. Aunque lo quieran negar, es una persecución, pero ya le hemos cogido el gustito», expresó.
Alcance de la investigación
La indagación de la Fiscalía involucra a seis personas naturales y cinco jurídicas, basada en el ROII que detectó transacciones sospechosas. Los allanamientos del 8 de octubre de 2025 abarcaron propiedades en Guayaquil y Samborondón. Estas se enfocaron en posibles irregularidades financieras relacionadas con actividades comerciales.
Además del caso de lavado de activos, Alvarez enfrenta otro proceso judicial por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, conocido como caso Triple A. La audiencia de juicio está programada para el 31 de enero y 1 de febrero de 2026, a las 08h30, en el auditorio del Complejo Judicial Norte.