La Corte Constitucional de Ecuador instalará hoy, lunes 1 de septiembre del 2025, la última audiencia pública por las demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes promovidas por el presidente Daniel Noboa. En esta jornada, la Ley de Inteligencia quedará bajo análisis de los jueces, luego de cuestionamientos sobre sus alcances y aplicación.
La jueza Alejandra Cárdenas convocó a los representantes de las partes a una audiencia virtual prevista para las 10:00. Según la convocatoria oficial, el proceso unificó tres causas admitidas que objetan 31 artículos de la normativa, además del reglamento expedido por el Ejecutivo.
Corte Constitucional: participación de actores en la audiencia virtual
El encuentro se desarrollará mediante la plataforma Zoom, donde los involucrados debían inscribirse hasta el 28 de agosto del 2025. Entre los demandantes constan la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la PUCE y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
Por parte del Gobierno, asistirán representantes de la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado. En audiencias pasadas, intervino la abogada Mercedes Mediavilla por el Legislativo y el secretario jurídico Stalin Andino por el Ejecutivo.
Artículos suspendidos de la Ley de Inteligencia
La Corte Constitucional ya dispuso medidas cautelares que suspendieron varios artículos de la Ley de Inteligencia. El fallo frenó disposiciones que definían conceptos ambiguos como “amenaza” o “seguridad nacional”, al considerarse de interpretación discrecional.
Entre los artículos suspendidos se encuentran aquellos que permiten operaciones encubiertas sin control judicial, el acceso a información de ciudadanos sin orden judicial y la creación de fondos sin control transparente. Estas disposiciones despertaron fuertes críticas de organizaciones sociales y expertos en derechos humanos.
Controversia por facultades otorgadas a agentes de inteligencia
El análisis de la Corte Constitucional se concentra en artículos que facultaban a agentes de inteligencia a operar con identidades falsas, ejecutar técnicas de mimetización y realizar operaciones encubiertas con tecnologías invasivas. Según los demandantes, estas medidas ponen en riesgo las libertades ciudadanas y el control democrático.
Otro punto polémico radica en la obligación a entidades públicas y privadas de entregar datos históricos de hasta cinco años. Para la sociedad civil, esa medida vulnera la privacidad porque no exige autorización judicial previa.
Impacto en la transparencia y la seguridad nacional
El artículo 55 de la Ley también otorgaba al Gobierno poder de clasificar información como reservada, secreta o secretísima. Críticos sostienen que esa disposición limita el acceso público y dificulta el control social sobre la gestión de recursos estatales.
La audiencia de este lunes será decisiva para definir el futuro de la Ley de Inteligencia y marcará un precedente sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos en Ecuador.