Este jueves, 26 de marzo, el presidente de la República, Daniel Noboa, dio un paso fundamental en la política exterior del país al emitir el respectivo decreto. A través de este documento oficial, el mandatario ratificó de forma íntegra el tratado establecido entre el territorio ecuatoriano y la comunidad europea.
Este instrumento internacional se titula oficialmente como el Acuerdo entre la República del Ecuador y la Unión Europea sobre la Cooperación entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, conocida como Europol, y las autoridades competentes. El jefe de Estado, Daniel Noboa, concretó esta acción con el objetivo central de potenciar la lucha sistemática contra la delincuencia grave y el terrorismo.
Base constitucional para la ratificación presidencial
Para la ejecución de esta medida, el primer mandatario, Daniel Noboa, se fundamentó en varias normativas establecidas en la Constitución de la República. Específicamente, el artículo 141 del marco legal establece que el presidente ejerce la Función Ejecutiva, siendo el jefe de Estado y de Gobierno, además del máximo responsable de la administración pública del país.
Asamblea Nacional archiva definitivamente la reforma a la Ley de Educación Superior de Ecuador
La Asamblea Nacional archivó definitivamente la reforma a la Ley de Educación Superior con 144 votos afirmativos. El Pleno legislativo determinó que el proyecto carecía de viabilidad técnica y no garantizaba la autonomía universitaria ni el financiamiento sostenible.
Asimismo, el artículo 147, en su numeral 10, le otorga al presidente Daniel Noboa la atribución legal de definir la política exterior, así como de suscribir y ratificar los distintos tratados internacionales. A esto se suma el artículo 418, el cual dispone que al mandatario le corresponde dicha suscripción, debiendo informar de manera inmediata a la Asamblea Nacional sobre el carácter y contenido del documento.
Cronología del acuerdo y control de legalidad
La historia de este acuerdo ratificado por Daniel Noboa comenzó el pasado 23 de septiembre de 2025, fecha exacta en la que se suscribió inicialmente el convenio con la agencia europea. Posteriormente, el 26 de diciembre de ese mismo año, el texto íntegro fue remitido mediante el Oficio No. T.335-SGJ-25-0234 para el análisis de la Corte Constitucional.
Este procedimiento se realizó en estricto acatamiento del artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, normativa observada por la administración de Daniel Noboa. Dicho reglamento prescribe que los tratados internacionales, previamente a su ratificación, deben ser puestos en conocimiento del alto tribunal para que este resuelva, en el término de ocho días, si requieren o no de aprobación legislativa.
Resolución constitucional sobre la aprobación legislativa
Tras efectuar la revisión de rigor, el 29 de enero de 2026, la Corte Constitucional emitió el respectivo dictamen identificado formalmente con el código No. 18-25-T1/26. En dicha resolución documentada, el organismo de justicia dictaminó a favor de lo requerido por Daniel Noboa, concluyendo que el instrumento de cooperación policial internacional con Europol no se encuentra incurso en los casos del artículo 419 de la norma suprema.
Como consecuencia directa de esta resolución, el tribunal determinó que el tratado no requería de ninguna aprobación legislativa previa a su oficialización por parte de Daniel Noboa. Esto facultó al Poder Ejecutivo para continuar con el trámite correspondiente, enfocando sus acciones en desplegar herramientas para enfrentar la delincuencia organizada y prevenir amenazas de índole terrorista.
Notificación al parlamento y disposición final
A pesar de que la aprobación del poder legislativo no era obligatoria según el dictamen emitido, el gobierno de Daniel Noboa procedió a cumplir con el parámetro de notificación oficial. El 9 de marzo de 2026, mediante el Oficio No. T.335-SGJ-26-056, se puso en conocimiento de la Asamblea Nacional el contenido del acuerdo europeo y el fallo de la entidad constitucional.
Adicionalmente, en la disposición final del decreto firmado en el Palacio Nacional, el presidente Daniel Noboa dictaminó directrices específicas para la ejecución de este mandato. El texto dispuso que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana asuman el encargo de aplicar el decreto en el ámbito de sus propias competencias.