Estados Unidos implementará a partir del próximo 2 de abril una nueva medida que exigirá una fianza de 15.000 dólares, equivalentes a unos 13.000 euros, a los solicitantes de visados de negocios (B1) y turismo (B2) procedentes de una docena de países adicionales. Esta disposición busca prevenir las estancias irregulares de visitantes que exceden el tiempo permitido por sus permisos, sumándose a una lista ya existente de 38 naciones que ya estaban sujetas a esta condición.
La Administración estadounidense, a través del Departamento de Estado, anunció que esta ampliación del sistema de fianzas se aplicará a un total de 50 países. La medida obliga a los ciudadanos extranjeros de estas naciones a depositar la fianza antes de poder obtener sus visados para ingresar a Estados Unidos con fines de negocios o turismo. El objetivo principal es reducir el número de personas que permanecen en el país una vez que sus visados han caducado.
Nuevos países afectados por la fianza
Los doce países que se incorporan a esta lista son:
Camboya
Etiopía
Georgia
Granada
Lesoto
Mauricio
Mongolia
Mozambique
Nicaragua
Papúa Nueva Guinea
Seychelles
Túnez
Estos se unen a las 38 naciones que ya formaban parte del programa de fianzas. La lista completa de países bajo este sistema incluye a:
Argelia
Angola
Antigua y Barbuda
Bangladesh
Benín
Bután
Botsuana
Burundi
Cabo Verde
República Centroafricana
Costa de Marfil
Cuba
Yibuti
Dominica
Fiyi
Gabón
Gambia
Guinea
Guinea-Bisáu
Kirguistán
Malaui
Mauritania
Namibia
Nepal
Nigeria
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Tayikistán
Tanzania
Togo
Tonga
Turkmenistán
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Venezuela
Zambia
Zimbabue
El Ejecutivo estadounidense aclaró que la fianza será reembolsada a los beneficiarios del visado que regresen a sus países de origen cumpliendo con los términos del documento y de la fianza, o a aquellos que finalmente no realicen el viaje. Esta condición busca asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias y el retorno voluntario de los visitantes.
Justificación económica y resultados
Las autoridades estadounidenses justifican esta medida argumentando que el sistema de fianzas para visados «ahorra» a los contribuyentes del país «cientos de millones de dólares cada año». Según el Departamento de Estado, la expulsión de una persona en situación irregular tiene un costo promedio superior a los 18.000 dólares. Washington estima que los contribuyentes podrían ahorrarse hasta 800 millones de dólares (casi 698 millones de euros) anualmente, una cantidad que, de otro modo, sería necesaria para financiar la deportación de extranjeros que exceden el tiempo permitido de estancia.
El Departamento de Estado ha indicado que este sistema de fianzas podría seguir expandiéndose en el futuro. Un balance reciente del Ejecutivo estadounidense muestra que casi 1.000 extranjeros han recibido visados bajo este programa. De ellos, el 97% ha regresado a sus países desde Estados Unidos en el tiempo estipulado, lo que las autoridades consideran un éxito en la prevención de estancias prolongadas.
En contraste, durante el último año de la administración del expresidente Joe Biden, se registró que 44.000 visitantes provenientes de los 50 países que ahora conforman el listado excedieron el tiempo de estancia permitido por sus visados. Esta cifra subraya la preocupación del gobierno por las estancias irregulares y la necesidad de implementar medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias.