Durante la audiencia de formulación de cargos instalada este miércoles 11 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado solicitó formalmente la medida de prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El Ministerio Público fundamentó este pedido tras exponer los elementos de convicción que vinculan al burgomaestre con una presunta red de delincuencia organizada en el denominado caso Goleada. Para la fiscal a cargo, existe un riesgo procesal inminente debido a la gravedad de los delitos investigados, que incluyen lavado de activos y defraudación tributaria a gran escala.
La solicitud de privación de libertad no solo recae sobre Aquiles Álvarez, sino también sobre los otros 10 detenidos, incluyendo a sus hermanos Antonio y Xavier. La Fiscalía argumentó que las medidas sustitutivas previas, como las dictadas en el caso Triple A, resultaron insuficientes para garantizar el cumplimiento de las normas judiciales. Este pedido ha generado una reacción inmediata en la defensa técnica, que busca evitar que el alcalde sea trasladado a un centro de rehabilitación social mientras dura la instrucción fiscal de este nuevo proceso.
Incumplimiento del grillete como agravante procesal
Uno de los pilares que sostuvo el pedido de prisión para Aquiles Álvarez fue el informe técnico del SNAI sobre el dispositivo de vigilancia electrónica. La parte acusadora enfatizó que el hecho de encontrar al alcalde sin el grillete al momento de su captura demuestra una falta de sujeción al control del Estado. Según la normativa vigente, el retiro del aparato por cuenta propia es una violación grave a las medidas cautelares que justifica la revocatoria de la libertad condicional de cualquier ciudadano procesado penalmente.
A pesar de que Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, insistió en que el dispositivo simplemente se estaba cargando, la Fiscalía presentó el reglamento del SNAI que exige la portación ininterrumpida del equipo. Los jueces analizan si esta «omisión técnica» fue un acto deliberado para evadir el rastreo georreferencial del ECU-911. La insistencia del SNAI en que solo su personal puede retirar los dispositivos dejó a la defensa con pocas opciones para desvirtuar la tesis del incumplimiento de las órdenes judiciales previas.
El peso de la delación de Daniel Salcedo
Otro factor determinante en la audiencia contra Aquiles Álvarez fue la información proporcionada por Daniel Salcedo desde su lugar de reclusión. Los documentos de trazabilidad económica entregados por el sentenciado habrían permitido a la Fiscalía rastrear flujos de dinero que vinculan a las empresas del alcalde con actividades ilícitas. Según la fiscalía, estos datos son piezas clave para demostrar la existencia de una estructura de lavado de activos que operaba bajo la fachada de negocios legítimos relacionados con el sector de los hidrocarburos.
La defensa de Aquiles Álvarez intentó impugnar la validez de los testimonios de Salcedo, calificándolos como una estrategia de un criminal para obtener beneficios procesales. No obstante, la Fiscalía sostuvo que la documentación aportada por el cooperante coincide con los reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Esta coincidencia de datos económicos refuerza la sospecha de que el patrimonio del alcalde y sus familiares ha crecido de manera injustificada, lo que sustenta la necesidad de la prisión preventiva solicitada.
Reacciones y vigilancia de la Revolución Ciudadana
En los exteriores del Complejo Judicial Norte, la bancada de la Revolución Ciudadana mantuvo una vigilia constante mientras se debatía la libertad de Aquiles Álvarez. Los legisladores de esta agrupación política denunciaron que la petición de prisión es una «aberración jurídica» y un intento de golpe de Estado local contra la administración de Guayaquil. Para figuras como Paola Cabezas, el uso de la justicia penal para inhabilitar a una autoridad electa es una señal clara de que el país vive bajo una dictadura judicializada.
Por su parte, el asambleísta Raúl Chávez reiteró que Aquiles Álvarez es un perseguido político y que la información de Salcedo es una «infamia» coordinada desde el Gobierno. La bancada insistió en que estarán vigilantes ante el fallo del juez, advirtiendo que la detención del alcalde afectará la estabilidad y los servicios básicos de la ciudad portuaria. El ambiente de tensión en Quito sigue en aumento, mientras los simpatizantes del burgomaestre exigen que se respete el debido proceso y la autonomía municipal.