La emergencia eléctrica de 2024 dejó en evidencia más que una crisis energética: reveló cómo el Estado ecuatoriano tropezó dos veces con la misma piedra. Adjudicó contratos millonarios a empresas que, según la Contraloría, no cumplían con los requisitos técnicos ni de calidad exigidos en la ley. Austral Technical Management (ATM) y Progen Industries LLC terminaron convertidas en casos de incumplimientos técnicos, retrasos críticos y millonarias pérdidas para el Estado.
La Contraloría General del Estado concluyó que ambas empresas no cumplían con los parámetros técnicos ni de calidad exigidos, pese a lo cual fueron contratadas.